Cerrar tu negocio después de esa edad, en muchos casos supone la pobreza más extrema. Desde UPTA calculamos que en esta situación se encuentran más de 60.000 personas en búsqueda de empleo que proceden del autoempleo.
La mayoría de los autónomos que por causas ajenas a su voluntad se ven abocados al cierre definitivo de su actividad, quedan absolutamente abandonados a su suerte, sin cese de actividad por haberlo agotado en la prestación extraordinaria de la pandemia del COVID, y sin poder beneficiarse de la ayuda que reciben los trabajadores por cuenta ajena “subsidio para mayores de 52”, a la que no se pueden acoger los trabajadores por cuenta propia.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, “un Gobierno social no puede condenar a la pobreza a los autónomos que fracasan en su actividad, con deudas y sin posibilidad de reincorporarse al mercado de trabajo tradicional por carecer de la cualificación, o por razón de la edad; todos ellos deberían poder acceder al subsidio, para que tengan el mismo derecho que tienen los trabajadores por cuenta ajena, y desde UPTA hacemos un llamamiento para que el Gobierno reaccione, utilizaremos los mecanismos que sean necesarios para ello.”
Por eso hemos reiterado al Ministerio de Yolanda Diaz que trate a este colectivo como una prioridad, es necesario subsanar su condición de forma urgente, no pretendemos que tengan más protección que el colectivo de trabajadores por cuenta ajena, pero tampoco comprendemos como, en la norma, se ha establecido la limitación para que autónomos en estas circunstancias no se puedan acoger.
Eduardo Abad, “la reconversión natural que sufrirán estos sectores en los próximos cinco años, debe aprovecharse como una oportunidad. El ENDITA tiene que cambiar la economía del trabajo por cuenta propia con estrategias que verdaderamente mejoren la competitividad del colectivo, apostando por actividades que puedan aportar valor añadido al trabajo por cuenta propia, la economía de este país no puede sustentarse en abrir más bares y comercios. Las estrategias que están siguiendo algunas comunidades autónomas de ayudar al colectivo al pago de las cuotas resultan injustificadas e innecesarias en este contexto. El camino del trabajo autónomo debe trascurrir por el impulso de la digitalización, la formación y la competitividad; las políticas y las estrategias de los Gobiernos deben ir dirigidas hacia un mismo fin, pero parece que algunas CCAA prefieren políticas populistas antes que acciones que permitan a las personas trabajadoras autónomas consolidar sus actividades”.
