• UPTA España y ASCELCRE exigen la rectificación inmediata de la normativa sobre núcleos zoológicos que favorece la economía sumergida en el sector.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) y la Asociación de Centros Legales de Cría y Cuidado Responsable (ASCELCRE) han exigido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la modificación inmediata del proyecto normativo sobre núcleos zoológicos, al considerar que su redacción actual abre la puerta a la actividad ilegal en la cría de animales de compañía.

Ambas organizaciones alertan de que el texto propuesto permite que cualquier persona, sin formación ni acreditación profesional, pueda ejercer la cría de animales bajo el amparo de una supuesta “afición”, lo que supone blanquear una actividad económica encubierta. Así lo ha manifestado la presidenta de ASCELCRE, Encarnación Meruelo, en una carta dirigida al Director General de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, haciendo alusión a declaraciones difundidas junto a la Real Sociedad Canina de España.

Ambas entidades advierten de que la flexibilización normativa anunciada por la Dirección General podría legalizar “por la puerta de atrás” criaderos y actividades sin control sanitario, fiscal ni laboral; lo que pone en riesgo la salud pública, el bienestar animal y genera una clara competencia desleal frente a quienes cumplen estrictamente con la legislación vigente.

Por todo ello, ambas organizaciones reclaman:

  • La rectificación pública inmediata de las declaraciones oficiales y de los borradores normativos que favorezcan la desregulación.
  • La suspensión de cualquier iniciativa orientada a regularizar a operadores ilegales.
  • La creación de una mesa interministerial (Derechos Sociales, Trabajo, Consumo y Administración Local) que garantice el respeto a los estándares profesionales y a la legalidad económica.

La presidenta de ASCELCRE advierte, “no se puede castigar al que cumple ni premiar al infractor. Si el Ministerio no rectifica, acudiremos a todas las instancias legales: Consumo, Hacienda, Inspección de Trabajo, CNMC y Defensor del Pueblo.”

Por su parte, Eduardo Abad, presidente de UPTA España, añade: “es incomprensible que la propia Administración permita que un deporte o una afición se convierta en un negocio lucrativo que escapa de los canales tributarios y de control que son de exigencia para todos los profesionales del sector.”