- La pérdida media estimada es de 120 euros por jornada adicional de cierre. UPTA calcula que unas 4.470 bajas cortas de autónomos coincidirían con la huelga del 16 al 27 de noviembre.
UPTA España denuncia el absentismo obligatorio que provocan las consultas y pruebas médicas suspendidas sin previo aviso. Un autónomo que trabaja solo debe bajar la persiana, dejar el taller o cancelar encargos para acudir al médico. Si se entera de la suspensión al llegar al centro sanitario, ya ha perdido esas horas de actividad. Si la cita vuelve a aplazarse, puede verse obligado a cerrar más de dos veces para una sola consulta.
El perjuicio se agrava para quienes ya están de baja y esperan una prueba diagnóstica, una operación o una revisión para tramitar su alta. Cada aplazamiento retrasa el tratamiento, la recuperación y la vuelta al trabajo. Para quien depende de su presencia para abrir el negocio, los ingresos caen mientras el alquiler y los gastos fijos siguen llegando.
Según las fuentes consultadas por UPTA, en España se registran de media 10.434 bajas mensuales de autónomos de hasta 15 días por contingencias comunes. A ese ritmo, unas 4.470 bajas cortas coincidirían con los doce días de huelga. Si el aplazamiento obliga a un trabajador por cuenta propia sin asalariados a cerrar siete jornadas en las que habría abierto, la pérdida estimada asciende a 840 euros, a razón de 120 euros por día.
DEDICACIÓN EXCLUSIVA EN LA SANIDAD PÚBLICA
«Los facultativos tienen pleno derecho a hacer huelga y UPTA lo respeta. Lo que nos parece incomprensible es que un médico pueda secundar el paro en un hospital público por la mañana y atender pacientes en una clínica privada esa misma tarde. El paro conlleva un descuento en la nómina pública, pero los ingresos de la privada amortiguan ese impacto económico, incluso cuando se encadenan varias convocatorias. En cambio, el autónomo que ha cerrado para ir al médico y vuelve sin ser atendido pierde esas horas de trabajo de forma irrecuperable, y si sigue de baja por una prueba aplazada, tampoco puede decidir cuándo reabrir», afirma Eduardo Abad, presidente de UPTA España.
Por ello, UPTA defiende que los facultativos de la sanidad pública tengan dedicación exclusiva y que su puesto sea incompatible con la actividad asistencial privada. «Entendemos que un juez no pueda ejercer en un despacho de abogados y que un inspector de Hacienda no pueda asesorar fiscalmente a empresas fuera de su jornada. En sanidad también debemos establecer las incompatibilidades necesarias para proteger el servicio público», añade Abad.
La propuesta responde también a un criterio de calidad asistencial. «Si un médico encadena su turno en la pública con una jornada en la privada y suma catorce horas de trabajo, el agotamiento puede afectar a la concentración que exige atender a los pacientes. Queremos una sanidad pública con profesionales que tengan tiempo para descansar y condiciones que les permitan dedicarse plenamente a su labor», concluye Abad.