El ministerio de Yolanda Díaz debe amparar a este colectivo

UPTA estima que más de 30 mil personas que han sido autónomas y ahora son mayores de 52 años están desamparadas una vez terminan de percibir la prestación por cese de actividad.

Una de las principales preocupaciones de nuestra organización es tratar de corregir la situación que atraviesan estos trabajadores, que, desgraciadamente, tienen que cerrar definitivamente sus negocios.

Después de pasar media vida cotizando en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), muchos ven como únicamente pueden acceder a la protección por cese de actividad, pero después… “la nada”, no hay salida, no pueden ser beneficiarios de ningún subsidio.

Este contexto se ha visto agravado por la crisis provocada por la COVID-19, ya que aquellos que, estaban en peor situación antes del 2020, han sido literalmente «borrados del mapa». Son muchos los pequeños comercios que no han aguantado esta situación y cuyos propietarios tienen edades superiores a los 52 años, por lo que resulta imposible no solo recolocarlos en el mercado de trabajo tradicional sino también en el del trabajo por cuenta propia.

El perfil de estas personas trabajadoras autónomas no les permite acceder a una segunda oportunidad, ya que mayoritariamente carecen de cualificación profesional distinta a la que han adquirido con el desarrollado de su actividad, tienen escasos conocimientos digitales y la autoestima muy castigada por sentir el cierre de su negocio como un fracaso, son totalmente vulnerables económicamente y terminan siendo marginados socialmente.

Eduardo Abad, presidente de UPTA “nuestra organización no va a permitir que miles de trabadores y trabajadoras queden totalmente desprotegidos. Tenemos una propuesta que hacer a Díaz para paliar la situación de vulnerabilidad de estos trabajadores, hay soluciones factibles, medidas que pueden y deben ser activadas por la administración y que repararían esta dramática situación.”

Adjuntamos PDF con la propuesta remitida al Ministerio de Trabajo y Economía Social.