Según los últimos datos de mayo de 2021, aproximadamente el 15% de los autónomos españoles está disfrutando de esta ayuda. Las comunidades autónomas que tienen un índice más elevado de beneficiarios son: Andalucía con 96.246, Cataluña con 83.866 y Madrid con 72.973.

Detrás de esta situación se esconde un auténtico cajón de sastre. Tan solo el 13% de estos trabajadores por cuenta propia, unos 63.000, sobrevivirán pasados los dos años. Desgraciadamente, gran parte de ellos están integrados en sectores muy masificados, como son la hostelería y el comercio, que aglutinan algo más del 45% de los beneficiarios.

Sin duda alguna, y por mucho que se empeñen algunos gobiernos autonómicos como el andaluz, aunque se aumente este periodo con una ayuda adicional por parte de la administración autonómica, el resultado es exactamente el mismo.

La tasa de reemplazo que existe entre los autónomos que entran y que salen del sistema no ha variado en los últimos años. En el año 2020 se afiliaron unos 650.000 trabajadores por cuenta propia y otros tantos desaparecieron. Esta tendencia no se ha corregido a lo largo de la última década, más bien todo lo contrario.

La falsa creencia de que este sistema de fomento del trabajo autónomo es el correcto nos ha llevado a un gasto desmesurado de la Seguridad Social, sin que exista una correspondencia con la implantación de actividades económicas estables, sólo ha servido para maquillar la realidad del mercado de trabajo por cuenta propia. España gasta, en su conjunto, algo más de 1.200 millones de euros en esta ayuda, 700 millones de la Seguridad Social, y el resto se completa con las ayudas complementarias de algunas comunidades autónomas.

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales debe corregir esta nefasta política de incentivos al autoempleo, que, por otra parte, jamás debió haber sido sufragado con presupuestos de la Seguridad Social, pero si debiera haber formado parte de las políticas activas de empleo desarrolladas por el SEPE.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, “no estamos en contra de que se desarrollen medidas que ayuden a rebajar los costes que soportan los emprendedores en el inicio de su carrera como trabajadores autónomos. Pero la tarifa plana debería estar perfectamente justificada, y cada beneficiario tendría que solicitarla en base a un proyecto de negocio sólido y fundamentado, como ocurre con los emprendedores extracomunitarios cuando quieren acceder al permiso de trabajo por cuenta propia”.

Los datos no engañan, y resulta incomprensible que el 20% de los trabajadores por cuenta propia con tarifa plana obtengan rendimientos de trabajo por encima de los 12.000 euros anuales y no estén haciendo frente al pago completo de la base de cotización mínima. O que el 17% de los autónomos que disfrutan actualmente de esta ayuda tengan rendimientos económicos entre los 15.000 y los 45.000 euros.

¿Por qué un autónomo con suficiente volumen de negocio y rendimientos económicos anuales muy por encima del 30% del conjunto de los trabajadores autónomos de este país, debe tener una ayuda para el pago de las cotizaciones sociales?

Por ello, desde UPTA planteamos un sistema de cotización al RETA que devuelva la justicia contributiva. Pedimos que se tomen decisiones valientes y con altura de miras, y que se retomen cuanto antes las conversaciones que terminen de desarrollar el nuevo sistema de cotización, en el que sin duda una de las líneas de trabajo deberá ser la modificación las condiciones de acceso a esta ayuda.