Desde UPTA España valoramos la propuesta de contrato que hoy ha presentado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como un decálogo de buenas intenciones que, sin embargo, tiene todavía un amplio margen de mejora para responder verdaderamente a las necesidades reales de los más de 3,4 millones de personas trabajadoras autónomas de nuestro país.

En primer lugar, la propuesta de exención del IVA para los autónomos con facturación inferior a 85.000 euros sería, sin duda, una excelente noticia para el colectivo. Este sistema, que ha sido negociado en el marco del diálogo social y con el actual Gobierno de España, aún no se ha puesto en marcha pese a la Directiva Europea 2020/285 del IVA de franquicia. Su implantación efectiva debe ser una prioridad inmediata.

En cuanto a la tarifa cero para los nuevos autónomos durante los dos primeros años, debemos recordar que ya es una realidad gracias a la tarifa plana estatal y a las ayudas de las comunidades autónomas, que permiten que los nuevos autónomos no paguen cotizaciones a la Seguridad Social durante ese periodo. Además, consideramos que este tipo de incentivos deben vincularse directamente a los ingresos reales del autónomo, no a una duración fija, de manera que se garantice un uso justo y eficiente de los recursos públicos.

Por su parte, la propuesta de reducir las declaraciones fiscales a una sola al año (cláusula 3 del contrato) no es viable, ya que concentrar en un único pago las obligaciones tributarias generaría una tensión de liquidez muy grave para muchos pequeños negocios. La simplificación administrativa es necesaria, sí, pero no a costa del equilibrio financiero del autónomo.

Respecto a la bonificación total de cotizaciones por el primer empleado y del 50% por el segundo (cláusula 4), desde UPTA consideramos que la medida debe vincularse estrictamente a la contratación indefinida y a un compromiso de permanencia. Solo así se garantizaría que las ayudas públicas generen empleo estable y no temporal.

La exención de cotización por enfermedad grave (cláusula 5) ya está parcialmente reconocida, ya que a partir del día 61 de baja los autónomos dejan de pagar la cuota. En este sentido, la propuesta del PP solo tendría sentido si cubre los primeros 60 días, que son precisamente los que generan más tensión económica al profesional.

La compatibilización del 100% de la pensión con la actividad económica (cláusula 6) es una medida positiva, pero debería aplicarse desde el primer año de jubilación y no exigir una espera de cinco años, como ocurre actualmente. Esto permitiría fomentar la continuidad activa de miles de profesionales con experiencia que siguen aportando valor al tejido productivo.

En cuanto a la compatibilidad de trabajo por cuenta ajena y autónomo (cláusula 7), la propuesta carece de sentido, ya que actualmente las bases de cotización de ambas actividades ya se suman para el cálculo de la pensión. Esta medida no aportaría ningún avance real.

Tampoco compartimos la cláusula 8, relativa a la exención de cuotas durante dos años tras la reincorporación por maternidad o paternidad. En la práctica, esto supondría duplicar una bonificación que ya existe y distorsionar el equilibrio del sistema. Lo necesario es reforzar los apoyos directos a la conciliación y la protección de la actividad durante la baja, no ampliar exenciones sin una justificación técnica sólida.

Desde UPTA lamentamos que el PP olvide lo esencial: la necesidad de una reforma fiscal justa y estructural que equilibre la carga tributaria entre autónomos y grandes empresas. Desde UPTA, hemos presentado una propuesta de reforma fiscal en la que se plantea una reducción de 5 puntos en el IRPF para las rentas de trabajo autónomo inferiores a 25.000 euros, lo que supondría un ahorro medio anual de 800 euros por profesional. A cambio, defendemos una subida de entre 2 y 4 puntos en el Impuesto de Sociedades para las empresas que facturen más de 4 millones de euros. Estas medidas generarían un sistema más equitativo y progresivo, reduciendo el diferencial fiscal de casi 20 puntos que actualmente soportan los autónomos frente a las medianas y grandes corporaciones.

Para finalizar reclamamos que el Partido Popular aclare su postura sobre el sistema de cotización por ingresos reales, aprobado en 2022, que ha supuesto un avance histórico en justicia contributiva, respecto del que resulta necesario el diálogo social para definir el nuevo escenario respecto de las cotizaciones y la mejora de la protección social.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, añade “por sexta vez, desde nuestra organización hemos solicitado una reunión de trabajo con el líder de la oposición, con el fin de explicar, debatir y mejorar las propuestas que realmente impactan en la vida del colectivo.”