- Ni cotizaciones, ni cese de actividad, ni aumento de prestaciones; un año perdido para mejorar la protección social de millones de autónomos.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha advertido de que el año 2025 finaliza con los principales problemas estructurales del trabajo autónomo aún sin resolver, una situación que obliga a encarar 2026 con una agenda clara de reformas profundas que garanticen la viabilidad económica y la dignidad del colectivo.
Entre las principales cuestiones pendientes, UPTA señala la necesidad de mejorar la protección social del trabajo autónomo. Es ineludible, entre otros asuntos, abordar las reformas necesarias para flexibilizar el acceso y la gestión de la prestación por cese de actividad; resulta imprescindible reconocer el derecho de las personas trabajadoras autónomas al subsidio de mayores de 52 años así como establecer para el colectivo, la integración de las lagunas de cotización en los mismos términos y condiciones que para las personas trabajadoras afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social, todo ello con la finalidad de equiparar la acción protectora del RETA al Régimen General y minimizar la brecha de las pensiones y prestaciones existente entre ambos regímenes de la Seguridad Social. Sin embargo, la no actualización de las cotizaciones al RETA, además de suponer un retroceso en el despliegue de los acuerdos alcanzados en 2022 que tienen por finalidad garantizar el grado de suficiencia de las prestaciones futuras del colectivo, implica la congelación de la protección social además de la pérdida de capacidad adquisitiva en futuras pensiones y prestaciones.
Otro de los grandes asuntos sin resolver es la reforma fiscal del trabajo autónomo, una reivindicación reiterada por UPTA y trasladada en este año, tanto a nivel autonómico como estatal. En este sentido, la organización propone una rebaja de cinco puntos porcentuales en los tramos autonómicos del IRPF, que debe ser asumida por las comunidades autónomas, junto con una rebaja adicional de cinco puntos porcentuales en el tramo estatal del impuesto. Esta medida supone un ahorro fiscal medio superior a los 1.400 euros anuales para cada persona trabajadora autónoma, una reducción que podría compensarse mediante un incremento de la tributación de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades.
La organización denuncia también que siguen sin resolverse los déficits en materia de prevención de riesgos laborales e incide en que deviene fundamental abordarlos y establecer medidas que vengan a eliminarlos ya que ello es fundamental para proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras autónomas; sin embargo, históricamente esta necesidad ha sido olvidada para las personas trabajadoras autónomas.
Asimismo, UPTA considera imprescindible afrontar un gran Pacto de Estado por el Relevo Generacional, que permita garantizar la continuidad de miles de pequeños negocios viables y competitivos, evitando el cierre de actividades económicas por falta de sucesión.
En este contexto, la organización subraya la necesidad de facilitar los trámites administrativos a las personas inmigrantes extranjeras que desean emprender en España, recordando que el colectivo de inmigrantes extracomunitarios ha sido el que más ha crecido en el RETA en los últimos años, lo que evidencia su papel clave en el sostenimiento del trabajo autónomo.
Por otro lado, UPTA alerta de que la burbuja del emprendimiento se ha roto, dando lugar a un escenario de precariedad estructural dentro del RETA. Las políticas públicas basadas en incentivos indiscriminados al autoempleo han generado expectativas infundadas y han empujado al sistema a personas sin un proyecto empresarial viable, sin estructura económica suficiente y sin capacidad real de generar ingresos dignos.
Esta situación ha derivado en un volumen muy elevado de trabajadores autónomos que declaran rendimientos muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para vivir con dignidad, lo que obliga a reordenar el sistema, revisar el modelo de incentivos y ofrecer alternativas reales.
UPTA reconoce la necesidad de hacer autocrítica, pero también de afrontar el año 2026 con ilusión y energías renovadas, reclamando que el buen comportamiento de la economía española, una de las más dinámicas de Europa, se traduzca de forma efectiva en mejores condiciones para las personas trabajadoras autónomas.
Eduardo Abad, presidente de UPTA España, “terminamos 2025 con demasiados asuntos pendientes de resolver para colectivo. La paralización de las modificaciones que se negociaron durante el 2025 pone de relieve el miedo al ruido, la falta de valentía ante una situación preelectoral que resulta dañina para continuar por la senda de la mejora en las históricas reivindicaciones del colectivo. La reforma fiscal del trabajo autónomo es inaplazable y supondría un alivio real para miles de autónomos”.
Abad, añade, “si la economía española es hoy una de las más dinámicas de Europa, ese crecimiento también tiene que llegar a las personas trabajadoras autónomas. En 2026 vamos a exigir reformas reales para que el trabajo autónomo sea sinónimo de dignidad y futuro.”